De las 73 leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados y el Senado españoles, un total de 42 regulan cuestiones derivadas de decisiones adoptadas por la Unión Europea (UE), lo que se traduce en un 57 %, informó este viernes la Oficina del Parlamento Europeo en España.
«Para recuperar o no acabar de perder la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, la mejor manera es demostrar la eficacia de estas instituciones», explicó el director general de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, durante un desayuno informativo en la Oficina de la Eurocámara en Madrid en el que se presentaron estos datos.
Duch destacó la «interrelación cada vez mayor» de la legislación comunitaria con la nacional y, muestra de ello, son las cifras que arroja este estudio desde que se empezó a realizar en el año 2019, cuando el 42,31 % de las leyes españolas tenía origen europeo. En 2020, esta cifra fue del 50 % y en 2021, del 51 %.
En concreto, en 2022, de las 42 normativas nacionales derivadas de otras comunitarias, 21 se corresponden con la transposición de directivas europeas al ordenamiento jurídico español o con la aplicación de reglamentos, mientras que el resto derivan de recomendaciones, orientaciones, programas o iniciativas que tienen su origen en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el Consejo.
Entre las más representativas, se encuentran la ley de Telecomunicaciones a nivel nacional, que aplica el código europeo de comunicaciones electrónicas, o las normas que impulsan la ciberseguridad, así como la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ha tenido un amplio debate a nivel nacional, apuntó la periodista responsable de la elaboración del informe para el PE, Leonor Pérez.
Otras iniciativas legislativas aprobadas, como resultado de la aplicación y transposición al ordenamiento español de reglamentos y directivas europeas, están relacionadas con residuos y suelos contaminados, telecomunicaciones, trabajadores del transporte por carretera, Información financiera para investigar infracciones penales, igualdad de trato y no discriminación, Ley Concursal y Juzgados de lo Mercantil, Ley para la creación y crecimiento de empresas, regulación del juego, y mercado de préstamos hipotecarios.
